La pandemia de Covid-19, que llevó a España a declarar el estado de alarma el 14 de marzo, también ha desencadenado una crisis paralela para los solicitantes de protección internacional en el país. Esta situación ha sido particularmente adversa para aquellos que buscan asilo. Desde quienes están en las primeras etapas sin solicitud formal, hasta aquellos que han esperado respuestas, pasando por quienes han visto sus citas suspendidas debido al estado de alarma, todos han enfrentado un limbo legal y burocrático.
La respuesta institucional ha sido, lamentablemente, inadecuada. Las citas han sido esquivas durante más de nueve meses. En ausencia de estas, los solicitantes deben presentar una “Declaración responsable” ante organizaciones como CEAR, Cruz Roja o ACCEM para acceder a un sistema de acogida provisional. Esto les proporciona alojamiento y alimentos, pero no resuelve el problema subyacente: la demora indefinida para ser entrevistados por la policía nacional, un paso crucial en el proceso de solicitud de asilo que, según la ley, debería realizarse de inmediato.
Este retraso tiene consecuencias devastadoras. Afecta los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo, como su derecho a trabajar y a llevar una vida normal. Roba su dignidad, su esperanza y les condena a un estado perpetuo de incertidumbre. A pesar de que la ley española otorga el derecho a trabajar a los solicitantes de asilo después de seis meses de haber presentado su solicitud, la demora en las citas, sumada a los plazos preexistentes, puede significar una espera de dos o incluso tres años.
Pero lo que es aún más alarmante es que mientras las citas y entrevistas son pospuestas indefinidamente, las negaciones de asilo parecen estar siendo procesadas con mayor celeridad. Las historias de familias que han huido de circunstancias traumáticas, solo para enfrentarse a la negación de su solicitud y la pérdida de sus derechos básicos de acogida, son verdaderamente desgarradoras.
Uno se ve obligado a preguntarse: ¿Qué pasa por la mente de un funcionario al tomar tales decisiones? ¿Cuál es la humanidad detrás de un sistema que parece dar la espalda a aquellos que buscan refugio y seguridad? Estas son preguntas que España, y de hecho, toda Europa, debe enfrentar si queremos construir sociedades verdaderamente inclusivas y compasivas.
